El derecho a la ciudad, la organización social y planificación en Valparaíso.

Entre cadenas humanas y retiro de escombros se han desarrollado las actividades propias a una situación catastrófica y caótica. El incendio que afectó a la ciudad de Valparaíso tiene su origen en una negligencia sistemática donde no solamente el municipio ha contribuido a profundizar las grandes diferencias sociales sino que también ha generado el debilitamiento institucional. Este debilitamiento ha dado paso a una nueva organización marginal,  la cual se rige bajo parámetros de auto-construcción y donde se concentra la pobreza, siendo un factor decidor en la ampliación y consolidación urbana. Bajo estas condiciones de precariedad se genera arraigo e identidad en la comunidad y el esfuerzo convive en los terrenos de situación irregular. 

Es así como los pobladores, mientras luchan por construir entre los escombros, los estudiantes se inmiscuyen entre los sectores más afectados de la catástrofe. Por parte de la institucionalidad edilicia, la negligencia estratégica modela una situación política conducente a la erradicación de estos lugares, y junto con ello la historia y construcción social de la comunidad. Me quiero detener en la organización social ya que es aquí donde Valparaíso encuentra la respuesta a su problemática, el abandono, la postergación, el abastecimiento, la segregación, el desorden y la estigmatización lo que lleva a una cruda desigualdad en el acceso a ese derecho tan básico pero poco mencionado: “el derecho a la ciudad”.

La ciudad como bien consumo profundizada por el modelo neo-liberal  deja claro la estructura territorial donde la desigualdad en el acceso a la tierra es cada vez más evidentes. Aplicando la lógica de Henri Lefebvre en este contexto podemos deducir claramente como la estructura del capitalismo ha acumulado sistemáticamente los mejores sectores de Valparaíso, dejando a las familias de menores recursos, sin regularización y en situaciones de vulnerabilidad, donde la educación, la cultura, los servicios básicos, la planificación urbana  y los recursos económicos no llegan por considerarseles a estos como grupos marginados, estigmatizándolos y segregándolos en muchos casos muchos de ellos por estar fuera de la “legalidad”.

La realidad se presenta de manera contradictoria a la decisión de la autoridad, donde el poblador decide levantar sus casas en el mismos lugar siniestrado, habitando terrenos  con o sin títulos de dominio y donde es solo cuestión de tiempo para ser poblado nuevamente la planificación en este caso debe ser una guía, un acompañante del proceso espontaneo de urbanización en el cual la vulnerabilidad social es una condición intrínseca de la ciudad puerto y para esto se debe recalcar que el trabajo y la toma de decisiones se debe dar de cara a sus habitantes y a su realidad sistémica. El neo-liberalismo ha mostrado históricamente una intención de mantener erradicada a esta población incrustada en la ciudad por bajar la plusvalía de sus propiedades.

Los conceptos que afloran en esta realidad son dos : autonomía y paternalismo. La autonomía muestra a los miles de pobladores trabajando en la auto-construcción de sus viviendas, donde el círculo de trabajo es reducido, familiar, pero no menos relevante en la construcción del tejido social, apoyado hoy por la masa crítica estudiantil. El segundo es el paternalismo, expresado por  la presencia gubernamental, institucional y centralista desvinculada del cotidiano, donde se puede ver cierta arrogancia en la expropiación al pobre para impedir su arraigo.

Estos días hemos podido observar a más de los 2500 voluntarios acreditados que apuestan por un trabajo real con la comunidad, un trabajo colectivo y colaborativo, donde la reconstrucción se realiza junto con los afectados y nuca dejando de lado su historia de esfuerzo. Esto significa realizar una gestión de la construcción de forma sustentable, en armonía con el lugar y empatizando con aquellos que lo han perdido todo. Es más fácil planificar un lugar de desde cero que un cuarto de las áreas vulnerables de la ciudad, y por lo que es posible demostrar que en estos casos que la fuerza por habitar puede más que las variables físicas y climáticas.

Por otro lado, en la última década es evidente la importancia excesiva que se ha dado al tema patrimonial en Valparaíso, donde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha inyectado  en la actualidad más de 36 mil millones de pesos por este concepto y donde la deuda a nivel regional alcanza a los 35 mil millones de pesos. Irónicamente aún quedan 1000 millones para inversión, donde el desmalezado vale solo 170 millones. Es una realidad ver por un lado la consolidación de la precariedad y vulnerabilidad de un sector y una ciudad relegada con baja calidad y alta precariedad en los servicios básicos y por el otro el incremento sistemático en la cantidad de recursos hacia la protección patrimonial sin una lógica clara de inversión y la construcción de una ciudad dual, patrimonial y espontánea.  El plan regulador de la ciudad puerto duerme en alguna consultoría privada, pues el patrimonio ha sido tema de discusión obligada por muchos años, de la cual actualmente se reciben ingresos importantes para un área restringida de la ciudad puerto, dejando en el abandono absoluto a la discusión barrial y a la inversión en infraestructuras en las áreas vulnerables.

Otro tema que se asoma rápidamente en el tiempo es el crudo invierno próximo, donde la lluvia, el frio y el arrastre del agua con escombros cerro abajo ha generado históricamente situaciones de aluvión. En el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) se explicita que el mayor problema sistémico de la ciudad es producido por  fenómenos hidrometeorológicos , siendo una situación alarmista si la reparación de los servicios básicos no son repuestos a la brevedad, por lo que estamos probablemente ad portas de una nueva catástrofe, la cual será provocada por las inclemencias del invierno. Escombros y remoción de tierras más el agua en pendiente es el mejor escenario para una catástrofe aluvional. Para prevenir que esto ocurra, es prioritario actuar con celeridad y proveer las medidas, recursos y ayuda adecuada, no limitando la ayuda externa ni el voluntariado ya que son estos quienes se han llevado las tareas de remoción de escombros durante el trágico incendio de Valparaíso.

Finalmente, quiero dejar en claro que el derecho a la ciudad debe ser un derecho básico, donde la intervención no puede estar mediada por la prohibición sino por el acompañamiento , donde el uso de suelo debe estar regulado con sentido social y donde la misma organización social y del estado profundice la cohesión comunitaria, estructurando un nuevo escenario en el puerto de Valparaíso.

Pablo Loyola
Especialista en Planificación Urbana
Asesor y colaborador de la JV 186a Cerro el Litre 

1 comentario: